Desde hace ya unos cuantos años tenemos en el País Vasco la
RGI y ahora desde la Administración Central del Estado se nos dice que se va a
implantar el IMV; además, cada vez con más frecuencia, incluso en foros donde
se reúnen habitualmente las élites mundiales, como el de Davos, se está
hablando de la posible implantación de una RBU. No se trata de una ‘sopa de
letras’, sino de conceptos distintos de subvenciones o ayudas públicas a los ciudadanos, buscando que en la sociedad nadie se quede atrás, sea por motivos
estructurales (minusvalías, desempleo, enfermedades crónicas, cargas
familiares, etc.) o coyunturales (accidentes, siniestros naturales, epidemias
como la que estamos sufriendo, etc.). Se trata, por tanto, de un instrumento
del ‘estado del bienestar’ para contrarrestar la pobreza y redistribuir la
riqueza del país, paliando las diferencias de renta existentes en la sociedad,
sobre todo tras la crisis financiera de 2008 y la previsible del Coronavirus.
No voy a entrar en las características técnicas concretas de
cada una de ellas (a quién beneficia, cuál es la subvención, que requisitos
concretos se exigen para disfrutarla, que sanciones puede acarrear el fraude,
etc.), sino en el concepto: qué buscan y
para qué.
El Ingreso Mínimo
Vital (IMV) es una prestación de la Seguridad Social que parte de 14
tipologías de hogares (en función del número de miembros y de si son monoparentales)
y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar.
El nivel mínimo, que corresponde a
los hogares unipersonales, es de 5.538
euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de
esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y
un beneficio para los hogares monoparentales.
La Renta de Garantía
de Ingresos (RGI) es una prestación de la Administración autonómica vasca
para atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen
de recursos suficientes. El nivel mínimo
es de 8.324,76 euros al año, siendo el máximo de 12.894,36 euros al año, en
función de determinadas variables, fundamentalmente familiares.
Son, por tanto, conceptualmente dos tipos de ayuda iguales,
aunque con requisitos distintos; es decir, su espíritu es eliminar las bolsas de pobreza que una sociedad va produciendo en
función de la mayor o menor adaptación de sus miembros a ella misma, de modo
que en la medida en que los miembros perceptores que se han ido desenganchando
vuelven a parámetros sostenibles de riqueza (o de menor pobreza, para
entenderse) la sociedad deja de ayudarles; así, hemos visto como los datos de
los que reciben la RGI se dispararon al comienzo de la crisis de 2008, fueron
descendiendo lentamente hasta 2019 y, previsiblemente, volverán a crecer tras
la pandemia del Coronavirus. Son ayudas
temporales, de mayor o menor cuantía, que atienden a las necesidades que se
consideran básicas hasta que quien las recibe puede satisfacer dichas
necesidades con su renta, normalmente de trabajo, o, en su caso, por otro
medio: una herencia, un premio, la entrada en una unidad familiar más pudiente,
la desaparición de gastos familiares por hijos o por cualquier otra causa. Como
he dicho, cada una de estas dos subvenciones exige requisitos distintos en
estos aspectos. No son acumulables entre sí ni con otras prestaciones o rentas,
salvo que entre todas no se llegue al mínimo estipulado. Además, estas ayudas
públicas no exigen cotizaciones previas;
es decir, no son un derecho adquirido como consecuencia de unos pagos previos
realizados a la Seguridad Social -como
sucede con las retribuciones por desempleo o las pensiones de jubilación
contributiva-,
sino que se atiende simplemente a una situación actual de necesidad básica del
beneficiario.
Las administraciones, por tanto, han creado estos
instrumentos dentro del ‘estado del bienestar’, además de los ya existentes,
como, por ejemplo, las ‘pensiones no contributivas’, con objeto de evitar
desequilibrios sociales insostenibles y mantener una mínima armonía social en
unas épocas en que el ascensor social, si funciona, lo hace muy lentamente y
más bien hacia abajo, fruto de la progresiva
destrucción de las clases medias, que son las que dan estabilidad y
consistencia a una sociedad, con la llegada del paro, el progresivo deterioro
de las condiciones de trabajo y la excesiva
liberalización de los mercados financieros, de trabajo, de mercancías y de
servicios.
Sin embargo, con la llegada de la Cuarta revolución industrial, millones y millones de puestos de
trabajo de poca o nula cualificación desaparecerán, y la pregunta que nos hacemos
es si la cifra de “descolgados del sistema”, de la sociedad, será tan grande
que estas ayudas paliativas ya no sirvan. Definamos entonces qué es eso de la
Cuarta revolución industrial, también llamada Industria 4.0.
Esta nueva Revolución industrial sigue a los otros tres
procesos históricos transformadores: la primera marcó el paso de la producción
manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830, gracias a novedades como el motor a
vapor; la segunda, alrededor de 1850, trajo la electricidad y permitió la manufactura
en masa; para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la
llegada de la electrónica y la tecnología de la información y las
telecomunicaciones; ahora, la cuarta trae consigo una tendencia a la
automatización total de la manufactura, llevando
la producción a una total independencia de la mano de obra humana, de modo
que se combina la maquinaria con procesos digitales que son capaces de tomar
decisiones descentralizadas y de cooperar, entre ellos y con las personas,
mediante el denominado “internet de las cosas”. Veremos, por tanto, una
"fábrica inteligente": verdaderamente inteligente.
Y ¿qué pasará con los expulsados del sistema? No se prevé
que sean meras bolsas de pobreza, sino autenticas masas de desheredados que caerán en la pobreza y que serán o no
capaces de adaptarse a la nueva situación. Estas personas necesitarán tiempo y la estabilidad económica suficiente para darles tranquilidad y
seguridad en su proceso de formación hacia los también millones de empleos -fundamentalmente en el
sector servicios- que
previsiblemente irán surgiendo. No se trata, por tanto, del trabajador que
pierde su puesto de trabajo y busca otro, igual o parecido, acorde a sus
conocimientos y competencias, sino de una auténtica desaparición del modo
actual de producir bienes y servicios, en lo que lo nuevo no se basará en lo
actual, sino en algo distinto. En la tercera revolución industrial, por
ejemplo, el tornero manual tuvo que aprender a mecanizar por electroerosión,
pero él iba a seguir controlando la máquina; en un futuro cercano ya no será él
el que la controle, sino la “inteligencia artificial”; nuestro obrero
cualificado, junto a otros millones como él, ya no sirve para eso, tendrá que
servir para otra cosa, que no sabemos cuál, y en el entreacto dejará de
percibir ingresos.
Es ahí donde entra la idea de un ingreso básico que no sea
coyuntural, sino estructural, universal, perpetuo, que garantice a cada
persona, por el hecho de serlo, que va a sobrevivir. La cuarta revolución
industrial tiene que traer de la mano la denominada Renta Básica Universal (RBU)
Definimos la RBU como la herramienta mediante la cual todo
ciudadano mayor de edad, recibe periódicamente una cantidad fijada de antemano
que le garantiza el acceso a una vida
digna, independientemente de sus otros ingresos si los tiene, y es
incondicional, es decir, no le obliga a ningún compromiso para con el Estado.
Se trata de dar dinero líquido a toda persona por el mero
hecho de nacer en un territorio, de modo que tenga una base económica con la
que salir adelante en los aspectos
básicos de la supervivencia. Si esa persona cae en la pobreza, sabe que
dispone de un dinero que le dignifique y le proporcione un “colchón” de
seguridad que le permita no luchar ya por la mera supervivencia, sino por su
progreso personal y familiar mediante la búsqueda de empleo, el emprendizaje,
la formación o, sencillamente, el disfrute del ocio. ¿Una utopía? En estos momentos, sí, como el IMV o la RGI lo podrían ser
hace unas décadas.
Cuando vemos la necesidad de ir
estableciendo las bases de una Renta Básica Universal nos encontramos,
indefectiblemente, con que nos dicen que
somos utópicos, porque llevarla a cabo es imposible, ya que no se va a
poder financiar. Sin embargo, en realidad somos lo bastante ricos como para
financiar una RBU, que eliminaría desgravaciones y subvenciones y la burocracia
que conlleva; pudiendo, además, obtener fondos mediante impuestos a las rentas
y patrimonios altos, porque el sistema actual de ayudas sociales, que ayuda sólo
a los pobres, amplía la brecha entre ellos y el resto de la sociedad, que no
las recibe. Por otra parte, está demostrado que la gente está más dispuesta a
ser solidaria si se beneficia personalmente (al ser la RBU universal).
Nos dirán también que
es peligrosa -de riesgos elevados- porque la gente dejaría de trabajar. Sin
embargo, uno de los beneficios de la RBU es que liberaría a los pobres de la
trampa de las ayudas sociales y los alentaría a buscar un trabajo remunerado
con auténticas oportunidades de crecimiento y progreso, ya que, al ser
universal, no se retiraría ni se reduciría en caso de obtener empleo
remunerado, mejorando las circunstancias del beneficiario.
No será tampoco extraño escuchar que la RBU produciría efectos perversos, incluso degenerando
en distopía, porque, en última instancia, una minoría acabaría por tener que
trabajar más para mantener a la mayoría. Sin embargo, sólo en términos
económicos, habría un considerable ahorro al desaparecer las subvenciones de todo tipo y la enorme burocracia
necesaria para su gestión y control. Además, cumpliendo su función de
justicia retributiva, elimina el régimen de interferencia y humillación que
supone el control público de una subvención temporal, condicionada y
controlada.
En definitiva, nuestra
sociedad comete un error de concepto fundamental: entender que una vida sin
pobreza es un privilegio en lugar de un derecho que todos merecemos.
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